Coordinación sociosanitaria: hacia una atención integral de las personas mayores en situación de dependencia
El Escorial acogió un interesante curso de la Universidad Complutense, organizado con la colaboración del Imserso, titulado Buenas prácticas en atención integral a personas mayores en situación de dependencia. Del 27 al 29 de julio, más de 50 profesionales y representantes de la Administración Pública se reunieron para debatir en profundidad sobre cuál es el modelo más adecuado para garantizar la mejor atención de las personas mayores y en situación de dependencia. La sociedad demanda una atención integral de calidad desde la perspectiva sociosanitaria. De ahí la importancia de analizar los sistemas sanitario y social, que conduzcan a una coordinación sociosanitaria eficaz y eficiente que dé respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia.
A pesar de los esfuerzos realizados y de un importante incremento de los recursos asistenciales, el nivel de coordinación entre los servicios sociales y sanitarios aún es bajo y desigual. La competencia exclusiva en servicios sociales de las comunidades autónomas y la transferencia a éstas de la gestión sanitaria, unido a las distintas tradiciones culturales y prácticas profesionales, dificultan la coordinación de ambos espacios.
Sin embargo, los avances conseguidos en materia de atención integral y coordinación sociosanitaria son significativos. Por ello, el curso Buenas prácticas en atención integral a personas mayores en situación de dependencia resultó de especial importancia para revisar, analizar y valorar las experiencias que se desarrollan actualmente, tanto desde los servicios de salud como desde los sociales.
De hecho, en el último Pleno del Consejo Interterritorial de Sanidad se ha acordado elaborar una Estrategia Nacional de Coordinación de la Atención Sociosanitaria, en la que además del Ministerio y las comunidades autónomas participarán organizaciones profesionales y de pacientes. El objetivo, tal y como explicó la ministra de Sanidad e Igualdad, Leire Pajín, es que esta estrategia pueda aprobarse antes de seis meses. Se trata de reorientar las actuaciones de los sistemas sanitario y social para ganar en calidad, equidad y eficiencia, ordenando las actividades de cada sistema para, desde la coordinación, evitar duplicidades y lograr un uso eficiente de los recursos.
En la inauguración del curso, la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez, destacó que para lograr una coordinación sociosanitaria y una atención integral a las personas mayores y en situación de dependencia “hay que encarar problemas como la diferente formación de los profesionales, los procedimientos y protocolos de actuación o los criterios de evolución de las personas beneficiarias”.
Durante su intervención, Martínez defendió la política fiscal y financiera del Estado vinculada a la aplicación de la Ley de Dependencia: “El Gobierno ha cumplido su compromiso con la aportación de más de 5.400 millones de euros para la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, lo que supone un 60% más de lo previsto en la Memoria Económica. Además de otros 400 millones de euros adicionales que se invirtieron en el Plan E para el apoyo de infraestructuras y apoyo a los servicios de atención”. Asimismo, afirmó que las comunidades autónomas cumplen con sus compromisos “en función de su capacidad, voluntad política y de la prioridad que le han dado al Sistema nacional de Atención a la Dependencia”.
La secretaria general de Política Social destacó también que, hasta la fecha, ya son más de 725.000 las personas beneficiarias de las prestaciones de la Ley de Dependencia y que, a pesar de la actual coyuntura económica, el sector de los servicios sociales asociado a la dependencia ha producido más de 260.000 nuevas altas en la Seguridad Social.
Finalmente, Martínez explicó que “el Imserso, expertos, profesionales, asociaciones, agentes sociales y administraciones están colaborando en la elaboración del Libro Blanco del Envejecimiento Activo y del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria. Ambas publicaciones ofrecerán un completo diagnóstico que nos permitirá aportar propuestas para asegurar la calidad y sostenibilidad económica, garantizando la igualdad y la equidad en el acceso a los derechos. Nuestra meta es llegar a consolidar para todo el territorio del Estado unos servicios y prestaciones homogéneos y más eficaces, que sean capaces de adaptarse mejor a las circunstancias de cada persona, procurarle la atención más acorde con sus necesidades médicas y sociales y que sean plenamente viables y sostenibles a largo plazo”. Se trata, por tanto, de dos estudios imprescindibles para realizar una rigurosa evaluación de la Ley de Dependencia, así como de su impacto económico y social.
A continuación, la directora general del Imserso, Purificación Causapié, y el director general de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Alta Inspección, Francisco Valero, abordaron la coordinación del Consejo Interterritorial de Sanidad y del Consejo Territorial de Dependencia: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para el desarrollo de una política integral.
“No se trata de crear un tercer espacio ni una nueva red de servicios. La coordinación sociosanitaria debe ser un proceso de normalización entre los servicios y recursos existentes. Para ello, las políticas públicas deben ser transversales para afrontar el reto de la coordinación entre el Sistema de Salud y el Sistema de Servicios Sociales”, afirmó Causapié. En este sentido, insistió en que también es necesaria una coordinación entre los profesionales sanitarios y del ámbito social, los sistemas de información y comunicación, así como los protocolos y procesos de trabajo.
Por su parte, Valero señaló que la coordinación sociosanitaria facilitará el recurso más idóneo al usuario para su mejor atención y garantizará una rápida derivación de uno a otro. “Ahora bien, sin coordinación sociosanitaria se creará una espiral creciente de mayor dependencia y agravamiento de las patologías”, aseveró. Asimismo, Valero indicó como factores que contribuyen a la exigencia de la coordinación sociosanitaria los siguientes: dar mejor servicio a los ciudadanos (ventanilla única) y dotar de mayor eficiencia los recursos públicos y evitar así duplicidades. “Sin embargo, habrá que superar barreras administrativas (distintos sistemas con diferentes grados de desarrollo y burocratización de los procesos asistenciales), culturales, profesionales y tecnológicas”, reconoció.
De especial interés resultó la conferencia impartida por el profesor y doctor en Economía de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Oliva, titulada Servicios sanitarios y servicios sociales una agenda a coordinar. Tras un exhaustivo análisis económico de la situación actual del país, este experto aseguró que “ante la posible insuficiencia financiera será necesario estudiar las nuevas herramientas fiscales y de aseguramiento, con el objeto de aumentar los fondos disponibles. Además, para desarrollar la continuidad asistencial se requiere valoración multidimensional, sistemas integrados de información y financiación conjunta per cápita”.
En su opinión, la coordinación sociosanitaria mejorará la calidad asistencial y la eficiencia, “y podrá ahorrar costes o no en función del tipo de gestión”. Para lograrlo, Oliva considera que la formación conjunta de los profesionales sanitarios y sociales es una herramienta clave para promover los cambios necesarios, así como la cooperación entre proveedores y recursos asistenciales. “Sin olvidar configurar una red de apoyo a la familia, imprescindible para mantener el actual sistema de atención a la dependencia”, expuso.
Experiencias en las comunidades autónomas
El gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, Jesús Fuertes; el secretario general para la Dependencia de Andalucía, Julio Coca; y el director general del Servicio Vasco de Salud, Julián Pérez, expusieron sus políticas regionales relacionadas con la atención integral: De la teoría a la práctica. Aspectos a resolver y hoja de ruta.
En Castilla y León trabajan por el acceso a una historia social única y personal: la historia sociosanitaria. Resulta especialmente interesante el proyecto farmacia hospitalaria en las residencias. “En todos los centros de personas mayores gestionados por la Junta de Castilla y León, la prestación farmacéutica de los residentes se realiza mediante acuerdo entre el centro residencial y el hospital de referencia: el hospital dota directamente de la farmacia a la residencia y realiza la vigilancia farmacoterapéutica. La entrega es directa desde las gerencias de salud de material fungible (pañales, apósitos, gasas, etc.) a las residencias de personas mayores y otras prestaciones específicas dependiendo de acuerdos entre residencias y hospitales”, explicó Fuertes.
Asimismo, Castilla y León está desarrollando en hospitales el programa de detección precoz de riesgo social al ingreso, dirigido a personas mayores de 75 años. Consiste en la aplicación de un test de cribaje que realizan los profesionales de enfermería y, en función del resultado, se deriva a la unidad de trabajo social para su confirmación y, en su caso, intervención precoz. Finalmente, Castilla y León cuenta también con unidades residenciales sociosanitarias con financiación intersectorial. Se trata de una experiencia piloto de diez camas, con prescripción médica desde el hospital más una valoración social y resolución de ingreso.
Por su parte, la estrategia sociosanitaria en Andalucía se basa en planes integrales y procesos integrados, como el proyecto de teleasistencia avanzada social y sanitaria o el Plan Andaluz de Alzheimer. Destaca también el informe sobre las condiciones de salud, una herramienta web denominada Soporte sanitario a la Ley de Dependencia, que permite la comunicación vía telemática entre el órgano de valoración y el Servicio Andaluz de Salud.
Mientras, las principales líneas estratégicas del País Vasco son fortalecer la atención de los enfermos crónicos, fomentar la participación y la conexión con los profesionales de la salud, organizar sistemas integrados, desarrollar tecnologías que faciliten la práctica clínica y el autocuidado, así como estrategias que persiguan la prevención y promoción, autonomía del paciente, continuidad de la atención e intervenciones adaptadas.
La promoción de la autonomía y de la salud, el envejecimiento activo y la vida independiente fueron los temas que analizó la directora territorial de Melilla del Imserso, Francisca Coll.
La promoción de la autonomía y de la salud, el envejecimiento activo y la vida independiente fueron los temas que analizó la directora territorial de Melilla del Imserso, Francisca Coll.
Desde su experiencia, “la evidencia indica la necesaria actividad equilibrada entre la capacitación personal (física, cognitiva y emocional) y la disminución de barreras para la vida independiente. Además, es necesario una priorización y planificación equitativa con incremento financiero”. En este sentido, Coll anunció la próxima publicación titulada Atlas de Buenas Prácticas de Promoción de la Autonomía.
Enfermedades crónicas y colaboración público-privada
Los modelos de atención de las enfermedades crónicas fue el tema central de una mesa redonda donde, entre otras cuestiones, se reveló que el 40% de la población mundial tendrá una o más enfermedades crónicas (pluripatología) en 2050 y que, actualmente, esta dolencia supone el 70% del presupuesto total sanitario. Un tema de especial importancia, sobre todo porque a mayor edad, mayor posibilidad de padecer enfermedades crónicas, especialmente a partir de los 55 años, cuando la prevalencia aumenta del 73% al 91%. Por ello, los ponentes destacaron que los modelos de atención a los enfermos crónicos deben tener en cuenta una nueva organización del sistema de salud, el rediseño del sistema asistencial, formación sobre el autocuidado, apoyo a la toma de decisiones, etc.
Seguidamente, representantes del Consejo Estatal de Personas Mayores, CERMI, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, moderados por el subdirector general de Planificación, Ordenación y Evaluación del Imserso, Antonio Balbontín, abordaron la complementariedad sanitaria y social desde las perspectivas pública y privada. Algunas de las ideas más destacadas que se trataron fueron:
• El sistema de atención integral debe adaptarse a las necesidades de las personas y ser diseñado con ellas.
• Cuando coinciden la discapacidad y la enfermedad crónica se requiere la convergencia de los sistemas sanitario y social en un espacio sociosanitario adaptado a la persona.
• En la atención sociosanitaria hay que tener en cuenta el sector público, el privado y el tercer sector.
• Respetando los derechos de elección individual, es necesario reequilibrar la provisión de servicios y las prestaciones económicas.
• Hay que fomentar la responsabilidad en la salud, el sistema de acreditación de centros y la colaboración público-privada.
• El espacio sociosanitario disminuirá los costes ineficientes del Sistema Nacional de Salud y su ahorro revertirá en la creación de empleo y en la actividad económica.
• La responsabilidad de la planificación y el control debe estar en el sistema público y la provisión se mantendrá mixta (pública y privada).
• La coordinación no soluciona la insuficiencia de recursos.
• Las normas aún tienen margen para promover la necesaria coordinación sociosanitaria.
Las estrategias para convertir la atención a la dependencia en un motor de producción de la economía y las oportunidades en el futuro inmediato en la atención a la dependencia y a las enfermedades crónicas fueron otros temas que tuvieron protagonismo durante el curso.
Fuente: http://www.balancedeladependencia.com/Coordinacion-sociosanitaria-hacia-una-atencion-integral-de-las-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia_a942.html